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Ley 8/1995 de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación

 

Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.

  La Constitución Española, en su artículo 9.2, establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad e igualdad del individuo sean reales y efectivas y removerán los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Dentro de este contexto, el artículo 49 contiene un mandato a los poderes públicos para que realicen una política de integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos y los amparen para el disfrute de los derechos reconocidos en el Título I de nuestra Carta Magna.

 En cumplimiento de este mandato constitucional se dictó la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración social de los minusválidos, en cuyo Título IX se recogen una serie de medidas tendentes a facilitar la movilidad y accesibilidad de este  colectivo, a cuyo fin las administraciones públicas competentes deberán aprobar las normas urbanísticas y arquitectónicas básicas.

 Ese mismo principio de igualdad viene recogido en el artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que establece que los ciudadanos de Canarias son titulares de derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución y que los poderes públicos canarios, en el marco de sus competencias, asumen como principios rectores de su política la promoción de las condiciones necesarias para el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y la igualdad de los individuos y los grupos en que se integran.

 Así, la Comunidad Autónoma de Canarias ha asumido de forma exclusiva en su Estatuto de Autonomía, la potestad legislativa, reglamentaria y la función ejecutiva en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, así como las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma, si bien el ejercicio de esas competencias debe respetar tanto la autonomía local, como las normas estatales básicas y de aplicación plena en esta materia.

 Dentro de este marco, la presente Ley persigue la supresión de cuantas barreras impidan el acceso a la vida normal de las personas discapacitadas, fomentando, de una parte, la accesibilidad de los lugares y construcciones destinados a un uso que implique concurrencia de público y, de otro, la adaptación de las instalaciones, edificaciones y espacios libres ya existentes.

 En materia de transporte, la presente Ley dispone la adopción de medidas y principios rectores que garanticen a las personas con limitación, movilidad o comunicación reducida, el acceso y uso de las infraestructuras del transporte, incluyendo las instalaciones fijas de acceso público, el material móvil de viajeros, así como la vinculación entre ambos y los medios operativos y auxiliares precisos.

 Por último, la presente Ley fomenta la colaboración de las distintas administraciones públicas para la promoción de la total supresión de barreras en la comunicación y para el establecimiento de mecanismos y alternativas técnicas que hagan accesibles los sistemas de comunicación y señalización a toda la población, a la vez que fija unos niveles mínimos de accesibilidad, en el ejercicio de las competencias que la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta en materia de comunicaciones.

 Comprende la presente Ley un total de treinta y tres artículos distribuidos en cinco títulos, diez disposiciones adicionales, una disposición transitoria y cuatro disposiciones finales.

 En el Título I se establece el objeto de la Ley y su ámbito de aplicación, definiendo por un lado los conceptos de accesibilidad, barreras en sus distintas modalidades, personas con limitación, movilidad o comunicación reducida y ayuda técnica, y clasificando los niveles de accesibilidad en adaptado, practicable y convertible en función de los requerimientos que concurran en cada uno de ellos.

 En su Título II y bajo la rúbrica de Disposiciones Generales sobre accesibilidad, se regulan las características del urbanismo y la definición de los elementos que lo componen, regulándose la accesibilidad en las edificaciones de uso público; en las de uso privado de promoción pública o privada; la reserva de espacios y espacios de uso preferente para personas con limitación, movilidad y comunicación reducida en los locales o recintos destinados a espectáculos y actividades; la reserva de viviendas en promoción V.P.O. y la misma reserva respecto de cualquier promoción que obtenga subvenciones o ayudas de cualquiera de las administraciones públicas canarias.

 Igualmente el Título II establece una regulación pormenorizada de los componentes del transporte y de las distintas modalidades del mismo que operan en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, creando una tarjeta personal e intransferible con validez en todo su ámbito, que favorezcan la accesibilidad de las personas con movilidad reducida al uso y disfrute de los transportes privados, estableciendo en materia de comunicación requerimientos para garantizar el acceso al entorno de las personas con limitación visual y auditiva.

 El Título III de la Ley se dedica al establecimiento y adopción de medidas de fomento y control, creando el denominado Fondo para la supresión de barreras que se dota con un porcentaje en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias de cada año. Se establece igualmente la necesidad de proceder a la elaboración de planes de actuación por parte de las administraciones públicas, para la adaptación de los espacios libres, edificaciones, transportes y comunicaciones, fijándose un plazo determinado para su elaboración y ejecución.

 Al régimen sancionador dedica la Ley su Título IV. En este título se gradúan las infracciones en graves y leves, previéndose la determinación reglamentaria de los órganos administrativos competentes para sancionar.

 Crea por último la Ley, en su Título V, el denominado Consejo para la promoción de la accesibilidad y la supresión de barreras como órgano de control, asesoramiento y consulta.

 Las Disposiciones Adicionales primera y décima establecen que se autoriza al Gobierno de Canarias para actualizar la cuantía de las multas y que los ingresos procedentes de éstas, se dedicarán a cubrir actuaciones de accesibilidad.

 La Disposición Adicional segunda establece el plazo para que los planes de actuación se ejecuten.

 La Disposición Adicional tercera autoriza al Gobierno para promover campañas informativas y educativas, de sensibilización en cuestiones de accesibilidad.

 La Disposición Adicional cuarta  establece que los criterios contenidos en la Ley serán tenidos en cuenta por las diferentes ordenaciones territoriales.

 La Disposición Adicional quinta declara que los inmuebles declarados bien de interés cultural o de valor histórico-artístico, también serán accesibles.

 La Disposición Adicional sexta establece las características del símbolo internacional de accesibilidad, indicador de la “no existencia de barreras”.

 Las Disposiciones Adicionales séptima, octava y novena, determinan que de forma reglamentaria de determinarán los premios generales para incentivar programas de fomento de la accesibilidad, las adaptaciones necesarias para mejorar la accesibilidad en la infraestructura turística y los planes de evacuación y seguridad de los espacios y edificaciones de uso público.

 La Disposición Transitoria establece que no será de aplicación la Ley a las obras que estaban en construcción, o a los proyectos que ya tenían concedida la licencia en la fecha de entrada en vigor de la misma.

 La Disposición Final Primera y Tercera autoriza al Gobierno para, en el plazo de un año, desarrollar reglamentariamente las condiciones de accesibilidad y eliminación de barreras, al igual que las ayudas o subvenciones para la consecución de estos objetivos.

 La Disposición Final Segunda establece que las Entidades Locales adaptarán sus ordenanzas urbanísticas a lo dispuesto en la presente Ley.

La Disposición Final Cuarta dice que quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley.

 

 

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