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Ley 13/1982 de Integración Social de los Minusválidos

 

 Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI)

  Esta Ley, tiene su origen en el artículo 49 de la Constitución Española de 1978, que dice lo siguiente: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los amparará especialmente para el disfrute de los derechos que este Título I otorga a los ciudadanos”.

 Esta disposición constitucional supone una clara manifestación del compromiso adquirido por los poderes públicos para amparar de un modo especial a las personas con discapacidad con el fin de garantizar el pleno disfrute de los derechos que el título primero otorga a todos los ciudadanos españoles. Con este fin nace, la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, que vino a significar una primera definición de ese amparo especial que la Constitución reconoce a las personas con discapacidad.

 Es decir, los poderes públicos, se comprometen a desarrollar todos los medios necesarios, para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en un plano de igualdad con el resto de los demás ciudadanos. Este precepto constitucional, supone pues, el punto de partida para la realización de toda una serie de políticas sociales encaminadas a lograr la plena integración y normalización de las personas con discapacidad y sus familias.

 Esta Ley, se caracteriza porque trata de aunar toda la actuación institucional pública a favor de las personas con discapacidad y sus familias y establece las bases que han de guiar toda la normativa y posteriores actuaciones en materia de discapacidad.

 En el Título I (Principios generales), se describen los principios que encuentran su principal y máximo exponente en el artículo 49 de la Constitución. Se traducen en la plena integración de las personas con discapacidad y sus familias en los distintos ámbitos (“educativa, cultural, laboral y social) que componen la vida comunitaria. Además se manifiesta expresamente que la integración se realizará bajo el principio de normalización: “mediante su integración en las instituciones de carácter general…”.

 El Título II (Titulares de los derechos), establece y define a qué colectivo de personas se destina toda la actuación de dicha ley.

 El Título III (Prevención de las minusvalías) supone el desarrollo de toda una serie de planes de actuación, que se inicia con el Plan Nacional de Prevención de las Minusvalías que se puntualiza en posteriores planes autonómicos.

 El Título IV, (Del diagnóstico y valoración de las Minusvalías) es una clara manifestación de la intención de esta ley por aunar todos los servicios destinados a este fin. Se crean los equipos multiprofesionales de valoración.

 El Título V, (Sistema de prestaciones sociales y económicas) establece todo un conjunto de prestaciones sociales y económicas, destinadas a las personas con discapacidad desempleadas.

 El Título VI, (De la Rehabilitación) trata aspectos tales como:

   ·         Rehabilitación médico funcional.

   ·         Tratamiento y Orientación Psicológica.

   ·         Educación general y especial.

   ·         Recuperación profesional.

 El Título VII (Integración laboral), establece y crea fórmulas especiales para garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, tales como: empleo con apoyo, centros especiales de empleo y centros ocupacionales de empleo.

 El Título VIII, (De los Servicios Sociales) unifica todas las actuaciones de la Administración y que están dirigidas a las personas con discapacidad y sus familias. El Título IX, (Otros aspectos relacionados con la atención a los minusválidos) aborda temas tales como movilidad, barreras arquitectónicas o Personal de los distintos servicios.

 El Título X, (Gestión financiera) unifica una vez más todas las actuaciones y prestaciones destinadas a las personas con discapacidad.

 La Disposición Transitoria está destinada a las Unidades de Valoración existentes antes de la creación de los equipos multiprofesionales.

 Las dos Disposiciones Adicionales establecen que todas las leyes promulgadas con posterioridad a ésta, no podrán contradecirla en ninguno de los preceptos establecidos. Y en las ocho Disposiciones Finales se trata entre otros, los siguientes aspectos:

   ·         Incapacitación y tutela legal de las personas con discapacidad.

   ·         Modificación de determinados artículos de la ley de enjuiciamiento criminal.

   ·         Modificación de la regulación de la invalidez en la seguridad social.

   ·         Supresión del alta médica para la valoración de la invalidez permanente en determinados supuestos.

   ·         Consideración autónoma de la gran invalidez respecto a la incapacidad permanente absoluta. 

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