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INICIO Decreto 227/1997 por el que se aprueba el Reglamento de la ley 8/1995 de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación

Decreto 227/1997 por el que aprueba el Reglamento de la ley 8/1995 de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación

 

  Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.

   La Ley territorial 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación, autoriza en su Disposición Final Tercera al Gobierno de Canarias para proceder al desarrollo reglamentario de la misma.

 Otros preceptos de la misma Ley exigen asimismo su desarrollo reglamentario pormenorizado para lograr su aplicación efectiva. Principalmente, esa necesidad de desarrollo reglamentario se concreta en aspectos tales como la determinación de parámetros y exigencias funcionales y dimensionales de los diferentes elementos urbanísticos, de las edificaciones, del transporte y de los sistemas de comunicación.

 Para la elaboración del presente Reglamento se ha considerado necesario contar, no sólo con las Corporaciones Locales y los Organismos del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, afectados por el mismo o encargados de velar por su estricto cumplimiento, sino que, también, se han incorporado muchas sugerencias de Asociaciones de minusválidos de Canarias y de Entidades y Colegios Profesionales que intervienen técnicamente o son directamente afectados por las medidas que se adopten.

 El presente Reglamento sigue la estructura de la Ley en líneas generales y se compone de un Título Preliminar y de siete Títulos.

 En el Título Preliminar se establece el objeto general de la norma y se realizan una serie de definiciones y conceptos básicos a los que se hace referencia reiteradamente.

 El Título I, bajo la rúbrica Disposiciones sobre barreras urbanísticas, se desarrolla en dos capítulos, referido el primero a las Disposiciones Generales Urbanísticas y el segundo, a las Disposiciones Particulares.

 El Título II se refiere a las Barreras Arquitectónicas en la Edificación y se divide en dos capítulos, relativo el primero a la Accesibilidad en las edificaciones de concurrencia o uso público, en el que se regulan las exigencias mínimas de accesibilidad y las condiciones mínimas que han de tener sus múltiples elementos, itinerarios, espacios adaptados, mobiliario e interior de las viviendas. El Capítulo dos, se refiere a la accesibilidad en edificaciones de uso privado, señalando las exigencias de accesibilidad y regulando, también, la reserva de viviendas para personas con limitación, movilidad o comunicación reducidas.

 La accesibilidad de los transportes es objeto del Título III y se estructura en dos capítulos, dedicados, el primero, a las infraestructuras y el segundo a los modos y medios de transporte: transporte por carretera, al transporte en guagua en servicio regular, a los transportes especiales y taxis y al transporte privado.

 El Título IV, bajo la rúbrica Disposiciones sobre Barreras en la Comunicación, contiene dos artículos, referido el primero a sordos e hipoacústicos (disminución de la capacidad auditiva) y el segundo a los deficientes visuales e invidentes.

 De especial importancia es el Título V, referido a la Ejecución, Fomento y Control del contenido de este Reglamento. Se divide en tres capítulos, dedicado el primero a la pieza básica en la lucha contra las barreras físicas, los Planes de Actuación de las Administraciones Públicas de Canarias, el segundo al fomento de la accesibilidad y la supresión de barreras, en el que se trata de los medios económicos necesarios para llevar a la práctica el objetivo de la norma en los presupuestos de los Órganos responsables y del Fondo especial que se crea para ayudar a la consecución de aquél. Se complementa este Título con un tercer capítulo dedicado al control a ejercer por los Organismos responsables en la materia. Se resalta la importancia de este Título, ya que, de no establecerse el adecuado control de lo planeado, la intención del legislador puede quedar frustrada.

 El Título VI se dedica al Régimen Sancionador y se estructura en tres capítulos, dedicados, el primero al procedimiento, el segundo a las sanciones y el tercero a la prescripción. En esta materia, se han tenido lógicamente en cuenta, no sólo la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sino también la Ley de Disciplina Urbanística y Territorial de 14 de mayo de 1990.

 Por último en el Título VII, se desarrolla cuanto se refiere al Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras en los aspectos clave de la composición, funciones e información que ha de recibir, sin entrar en cuestiones de funcionamiento y procedimiento que se dejan para un posible Reglamento Interno del Consejo.

 Finalmente, se incluyen seis anexos. Los anexos 1, 2, 3 y 4 recogen las normas técnicas relativas a lo establecido en los Títulos I, II, III y IV, respectivamente. Tales normas se describen con texto y se detallan con dibujos. El anexo 5 recoge referencias gráficas básicas y generales sobre simbología y antropometría. El anexo 6 reproduce la Ficha Técnica.

 La Disposición Adicional Primera establece que a partir de la entrada en vigor de este Reglamento, todas las disposiciones que se dicten en materia de urbanismo, edificación, turismo, transporte y comunicaciones, tendrán en cuenta lo regulado en esta norma.

 La Disposición Adicional segunda y tercera da potestad al Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras, para la elaborar su propio reglamento interno de organización y funcionamiento.

 La Disposición Adicional cuarta dice que las ayudas y subvenciones serán competencia del Consejero competente por razón de la materia.

 Las Disposiciones Finales facultan a los Consejeros competentes en las distintas materias para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo del presente Decreto.

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